
La actividad de las empresas constructoras tanto en Madrid como en el resto de España es intensa, competitiva y cada vez más exigente desde el punto de vista legal. En este contexto, los problemas jurídicos no suelen aparecer de golpe sino que se gestan poco a poco en decisiones cotidianas: contratos que no protegen lo suficiente, requerimientos mal gestionados o falta de asesoramiento especializado en momentos críticos. El resultado de las carencias anteriores es de todos conocido: reclamaciones por incumplimientos contractuales, defectos constructivos, retenciones de pagos, conflictos con promotoras y, todo ello, derivando en procedimientos judiciales largos y costosos.

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